Legisladores de UNT rechazan presencia de Fospuca en Ciudad Bolívar

Prensa UNT Bolívar 

Ciudad Bolívar.- El aumento en las tarifas de aseo urbano ha sorprendido a los habitantes de Ciudad Bolívar, en la factura que emite Corpoelec detallan que incrementó en un 300 y 500 por ciento, siendo el servicio de disposición final de residuos y desechos sólidos el que tiene mayor costo, es decir el funcionamiento del relleno sanitario y es manejado por Fospuca. 

En ese sentido el diputado al CLEB, Carlos Rodríguez y los concejales de Angostura del Orinoco, Miguel Ávila y Jeremy Santamaría, realizaron una inspección en el relleno sanitario de la localidad, que fue entregado a la empresa Fospuca, así como ocurrió en el Municipio Caroní.

Rodríguez explicó que los rellenos sanitarios están bajo la administración de las gobernaciones, "así lo dispone la legislación venezolana, también establece que es un bien público", es por ello que afirman que "el contrato unilateral entre Fospuca y la gobernación es ilegal".

"Que quede claro que el gobernador ha otorgado una concesión de un servicio público sin la aprobación del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), nos indica una violación al ordenamiento jurídico, por lo que insistimos en la ilegalidad del contrato", dijo Rodríguez.

"El artículo 113 de la Constitución establece que los recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública, en caso de concederlos deben garantizar el bien colectivo asegurando la contrapartida adecuada en el interés público".

"Ademas Fospuca sub contrata a Inversiones Pechut sud y está operando desde el 5 de diciembre de 2022, lo que también es ilegal", añadió Rodríguez.

"Llama poderosamente la atención los privilegios de Fospuca en el estado Bolívar, los ciudadanos merecen una explicación", dijo. 

Miguel Ávila, añadió que "con ese contrato ilegal se están ahogando a los comerciantes con tarifas exhorbitantes, precisamente el sector que ha tratado de resistir los embates de una pandemia y una crisis económica producto de las herradas política de Gobierno Central ".

Santamaría agregó que en "las distintas urbanizaciones se niegan a pagar un servicio que su costo supera los sueldos y las pensiones de los jubilados".